Por ir contra la Ley, organizaciones piden a la ASEA no autorizar Gasoducto en el Golfo de México
CIUDAD DE MÉXICO. Grupos de la sociedad civil están instando a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) a que no apruebe las obras en el Golfo de México denominadas “Gasoducto de Ampliación Sur” o “Etapa II”. El proyecto de oleoducto “Fase I” es un megaproyecto único que ha sido excesivamente fragmentado para propósitos de evaluación de impacto ambiental.
A través de un comunicado las organizaciones señalan que dicha práctica de autoridades y financiadores viola el ordenamiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y también señalan que el proyecto representa una grave amenaza contra el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASOGM).
Además señalan que los artículos 28, 30, 34 y 35 de la LGEEPA, establecen que es “la obra o actividad” de que se trate y nos sus partes, sus tramos o sus segmentos lo que debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.
“Hacemos nuevamente un llamado a que, al evaluar obras de esta magnitud, las autoridades correspondientes rechacen Manifestaciones de Impacto Ambiental que se presenten de forma fragmentada. De la misma manera, resulta imprescindible aplicar en dichas evaluaciones los principios de precaución y prevención como ha ordenado la SCJN. Particularmente, respecto del CASOGM, se requiere también impulsar la investigación pública para conocer dicho ecosistema con mayor profundidad”, señala el comunicado.
TE PUEDE INTERESAR: Gasoducto en el Golfo de México, un grave riesgo ambiental: ONGs
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), uno de los firmantes, recordó que en agosto del 2022 solicitaron públicamente a la ASEA:
i) Desechar los proyectos Gasoducto Extensión Sureste “Etapa I” y Gasoducto Extensión Sureste Etapa II”, en el Golfo de México, sometidos de forma separada al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) por parte de la Secretaría de Energía;
ii) Solicitar al promovente -Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V-, presentar una sola Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de tal forma que se evalúen todas las partes del proyecto y su impacto acumulativo; y
iii) Garantizar una consulta pública bajo los estándares del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Además, señaló que en febrero del 2022, la Primera Sala de la SCJN emitió una sentencia relacionada con el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz en la cual se establece que los proyectos sometidos al PEI deben ser evaluados de forma integral, no fragmentada y utilizando la mejor ciencia disponible.
“A pesar de ello, la ASEA aprobó el proyecto del Gasoducto “Etapa I” recurriendo a prácticas prohibidas recientemente por la SCJN, como son la fragmentación del proyecto y el no uso de la mejor ciencia posible”.
“Tampoco se garantizó de forma adecuada el derecho de participación de las comunidades que se verán afectadas por el proyecto. Esta situación en su conjunto es violatoria de derechos humanos fundamentales como son el derecho a la información, a la participación en toma de decisiones y el derecho a gozar de un medio ambiente sano”.
La conservación y protección del CASOGM es indispensable para el bienestar de las personas y comunidades costeras y de pescadores. Los proyectos de vida de estas personas y comunidades dependen de este enorme ecosistema, por lo que resulta esencial protegerlo de megaobras de infraestructura y desarrollo que lo amenazan.
Además, frente a la crisis climática, cuyos efectos ya son visibles en las playas de Veracruz por el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos, es urgente generar una transición energética justa en lugar de seguir invirtiendo en infraestructura para energía fósil.
¿Qué es el PEIA que solicitan para el Gasoducto en el Golfo de México?
El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) es una de las garantías más importantes para proteger el derecho al medio ambiente sano. La manera en que este instrumento está siendo operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (en el caso del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz) y por la ASEA, debe cambiar inmediatamente según la jurisprudencia dictada por la SCJN y lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Esto quiere decir que las evaluaciones deben realizarse de manera holística, completa, haciendo uso de la mejor ciencia disponible y permitiendo el acceso a la información y la participación de las personas.
Organizaciones firmantes
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda)
Gente Sustentable A.C.
Conexiones Climáticas
Acción Ecológica Santo Tomás
Senderos y Encuentros para Desarrollos Autónomos Sustentables, A.C. (Sendas)
Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres (PUCARL)
INANA A.C.
