The Metals Company busca explotar minería submarina al margen de la ONU
- La empresa de minería submarina solicitará una licencia con base en una ley estadounidense de los años ochenta, eludiendo el proceso multilateral de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
La empresa The Metals Company (TMC) anunció que solicitará un permiso para iniciar actividades de minería en aguas profundas con base en la Ley de Recursos Minerales Duros de Aguas Profundas de Estados Unidos, vigente desde los años ochenta. La decisión se dio a conocer en vísperas de una reunión con sus inversionistas y un día antes de que su solicitud fuera discutida en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), donde anticipaban no obtener una resolución favorable.
El anuncio ha generado críticas por parte de organizaciones ambientalistas y representantes del Pacífico. Louisa Casson, campañista senior de Greenpeace Internacional, declaró que “esta es otra de las patéticas tácticas de The Metals Company y un insulto al multilateralismo”, añadiendo que la acción “fomenta una violación del derecho internacional”.
Casson señaló que TMC ha ejercido presión durante años sobre la ISA para abrir la explotación minera en los fondos marinos internacionales, considerados patrimonio común de la humanidad. Según dijo, la compañía ahora recurre a una vía unilateral tras no lograr apoyo internacional: “Este temerario anuncio es una bofetada a la cooperación internacional”, afirmó.
Desde Greenpeace Australia-Pacífico, Shiva Gounden, responsable de océanos, calificó la decisión de TMC como una “puñalada por la espalda” para los países del Pacífico. “Está muy claro que a TMC nunca le ha importado la prosperidad económica o el empleo para los habitantes de Nauru, Kiribati o Tonga”, dijo. Según Gounden, la empresa solo busca “llenarse los bolsillos” a costa del océano, el cual consideró como “la sangre vital del Pacífico”.
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Gounden también advirtió que la decisión podría perjudicar a los países del Pacífico que han estado involucrados en el proceso regulatorio internacional impulsado por la ISA. “TMC ha estado intentando presionar a la comunidad internacional con promesas de un futuro más brillante y más verde. Ahora deja tras de sí un reguero de promesas incumplidas”, concluyó.
TMC dispone actualmente de 3,5 millones de dólares en efectivo y 44 millones en créditos no garantizados, aportados por sus dos mayores accionistas. Hasta ahora, la empresa no ha informado oficialmente sobre la solicitud de explotación, aunque se sabe que ha iniciado un proceso de consulta previa ante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, órgano derivado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), es responsable de regular las actividades en los fondos marinos internacionales. Aunque Estados Unidos firmó la CNUDM, no la ha ratificado, lo que impide que sea miembro de pleno derecho en la ISA. No obstante, al haber firmado la Convención y acogido el Acuerdo de 1994, Estados Unidos está obligado a no actuar en contra de sus objetivos.
Louisa Casson reiteró el llamado de Greenpeace a una moratoria internacional: “Los fondos marinos internacionales son patrimonio común de la humanidad y ningún Estado debe adoptar medidas unilaterales para explotarlos”. Según expresó, avanzar en una moratoria sería una forma de poner freno a lo que calificó como una “temeraria carrera por los recursos”.
