Ambientalistas alertan sobre pruebas de minería en el fondo marino entre México y Hawaii
Ciudad de México. Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer que “Hidden Gem” está preparando su primera operación minera desde el puerto mexicano de Manzanillo en el Pacífico.
El acontecimiento se produce tras el anuncio, a finales de la semana pasada, de la –aspirante a– compañía minera The Metals Company (TMC) de que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) concedió el permiso a su subsidiaria, Nauru Oceans Resources Incorporated (NORI), para iniciar la explotación minera exploratoria (un pilotaje de colecta de nódulos polimetálicos, es decir, rocas que contienen metales) en la zona Clarion Clipperton, entre Hawai y México.
La fase inicial de pruebas mineras, la cual se prevé que concluya a finales de año, es otro paso de la estrategia de TMC para abrirle camino a la minería en aguas profundas. La solicitud de NORI a la ISA de un contrato de explotación en julio de 2021 ha resultado en una carrera para finalizar y adoptar regulaciones mineras en julio de 2023, lo cual dejaría a los océanos del mundo expuestos a la destrucción causada por las actividades mineras a gran escala.
Observadores de la sociedad civil han criticado repetidamente al organismo por su falta de transparencia y han condenado este suceso, ya que implica la aprobación de la prueba de colecta piloto de TMC por la Comisión Jurídica y Técnica (LTC por sus siglas en inglés) de la ISA, un organismo que se reúne a puertas cerradas sin observadores de la sociedad civil.
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La LTC de hecho había expresado su preocupación por el contenido y calidad de la Declaración de Impacto Ambiental de TMC. El hecho de que este tipo de decisiones se tomen a puertas cerradas efectivamente priva a muchos Estados y a la sociedad civil de tener voz en el futuro de los ecosistemas de aguas profundas del mundo.
En lugar de proteger el océano como patrimonio común de la humanidad, lo está entregando a intereses corporativos como TMC, que a pesar de estar registrada en la Comisión de Valores y Bolsa (SEC por sus siglas en inglés) (más información aquí), han demostrado un desprecio despiadado por el impacto irreversible que esta industria supone para los servicios que proporcionan los océanos, incluyendo sumideros de carbono que resultan críticos, la medicina del futuro y las pesquerías internacionales de atún y otras especies. Todos y todas quienes habitamos el planeta vamos a pagar el precio, mientras TMC se beneficia de su cuestionable relación con la ISA”.
Durante las negociaciones ante la ISA, la delegación de México se ha mostrado dispuesta a avanzar hacia la aprobación del Código Minero. Asimismo, se ha mostrado cautelosa al reconocer la importancia de contar con información científica suficiente que respalde la compensación o indemnización que debe hacerse al medio ambiente marino en caso de que la actividad minera comience.
No obstante, la delegación no ha sido lo suficientemente tajante para expresar una posición congruente con el enfoque precautorio, en especial en este escenario en donde se sabe que no existe suficiente información científica sobre los impactos de la actividad minera para asegurar la protección del medio ambiente marino. Se espera que en futuras negociaciones, la delegación sea más clara y concreta en cuanto a su posición con respecto a la conservación de este importante ecosistema.
“México debe asumir un papel de liderazgo para prohibir la minería oceánica en aguas internacionales y formar un frente común junto con los países de América Latina y el Caribe para exigir que se prohíban definitivamente este tipo de prácticas destructivas que pueden causar daños permanentes”, dijo Alex Olivera, científico principal y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
Un informe reciente del New York Times muestra que TMC, uno de los más fervientes defensores de la minería oceánica y sus predecesores, cultivó una relación de 15 años con la ISA, la cual ha aprovechado para obtener una ventaja competitiva en sus ambiciones extractivas. Esto presumiblemente incluye un acceso preferencial a la información que le permitió ganar el control de algunas de las extensiones más valiosas del fondo marino para la posterior explotación minera.
Según se informa, también tuvieron un acceso sin precedentes a los delegados internacionales mientras se debatían los puntos del orden del día, incluida la petición de la empresa de que la autoridad aprobara un plan para probar el equipo minero.
La ISA ha asignado aproximadamente 200.000 millas cuadradas de fondo marino -más grande que el tamaño de California- a los países en desarrollo para realizar trabajos de exploración en zonas reservadas, y casi la mitad de ese espacio está ahora bajo el control efectivo de TMC. La última autorización de la ISA a NORI para la minería exploratoria es el resultado muy concreto y dramático de los esfuerzos de lobby de TMC y de la complacencia de la ISA.
El amiguismo entre la ISA y TMC plantea serias dudas sobre la capacidad e independencia de este organismo para ejecutar su mandato de gestionar los recursos oceánicos en beneficio de toda la humanidad.
La Comisión Jurídica y Técnica de la ISA, la cual aprobó este proyecto piloto de minería, incluye a personas que trabajan para contratistas mineros y se reúne completamente a puerta cerrada, lo que no permite que la sociedad civil les exija que rindan cuentas. La ISA se ha enfrentado regularmente a críticas por su falta de transparencia, responsabilidad e inclusión y por su estrecha relación con las posibles empresas de minería oceánica.
Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) urgen a los líderes mundiales a intervenir y, como mínimo, a establecer una moratoria sobre la minería en aguas profundas para proteger el océano.
