Injusticia alimentaria, los resultados de una investigación de Greenpeace
CIUDAD DE MÉXICO. La organización internacional Greenpeace dio a conocer los resultados de una investigación donde expone que las empresas transnacionales de agronegocios más importantes a nivel mundial obtuvieron ganancias millonarias generadas por la especulación generada por la pandemia del COVID 19 y la guerra en Ucrania.
La investigación señala que las 20 empresas transnacionales más grandes de los sectores de granos, fertilizantes, carne y lácteos repartieron 53.5 mil millones de dólares a sus accionistas en 2020 y 2021, mientras que la Organización de las Naciones Unidas reporta una cifra menor, 51 mil millones.
Los beneficios repartidos por las empresas a sus accionistas podrían proporcionar alimentos, vivienda y apoyo para salvar las vidas de 230 millones de personas en circunstancias de vulnerabilidad, afirma la organización internacional.
“Estas 20 compañías podrían, literalmente, salvar a las 230 millones de personas más vulnerables del mundo y les sobraría dinero de sus millonarias ganancias. Pagar más a los accionistas de unas pocas corporaciones de alimentos es simplemente escandaloso e inmoral”. Davi Martins, campañista de Greenpeace International, mencionó
Injusticia alimentaria provoca aumento en la tasa mundial del hambre
La investigación de la ONG señala que en países como Kenia las importaciones de alimentos se dispararon más de un 680% entre 2008 y 2022, mientras que Senegal siguió dependiendo en gran medida de las importaciones de arroz a pesar del aumento de su producción nacional.
El documento rescata que la ONU estima que, en 2020, entre 720 y 811 millones de personas en todo el mundo padecían hambre, aproximadamente 161 millones más que en 2019.
“Los gobiernos y los tomadores de decisiones deben actuar ahora para proteger a las personas de los abusos cometidos por estas grandes empresas. Necesitamos políticas que regulen y reduzcan el poder de las empresas sobre el sistema alimentario mundial, o las desigualdades sólo se profundizarán aún más. Esencialmente, necesitamos cambiar el sistema alimentario. No hacerlo está costando millones de vidas”, dijo Martins.
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Recomendaciones para hacer frente a la Injusticia Alimentaria
Agrupados en dos rubros, la investigación hace algunas recomendaciones y soluciones para hacer frente a la injusticia alimentaria.
En primer lugar, los responsables políticos deben empoderar a los consumidores y especialmente a los productores de alimentos.
Greenpeace recomienda que se debe tratar la alimentación como un bien común y un derecho humano, y no como una mercancía más. Sugiere que para garantizar la seguridad alimentaria se deben adoptar medidas como la renta básica universal.
Por otra parte, los gobiernos deben proteger y garantizar que los trabajadores del campo y productores alimentarios reciban ingresos dignos y proporcionales a sus funciones vitales. Al mismo tiempo deben ser los propios gobiernos quienes fortalezcan la adquisición de alimentos a productores locales.
En segundo lugar, “pedimos a los responsables políticos y a los gobiernos que adopten medidas para reducir el poder de las empresas que actualmente dominan el sistema”.
Entre las medidas para lograr este objetivo se encuentran: gravar las ganancias extraordinarias de las empresas durante las crisis con un impuesto ambicioso y sectorial;
combatir la elusión de la normativa, que permite a los bancos eludir los reglamentos destinados a frenar la especulación o que los gobiernos intervengan cuando se producen cambios rápidos de precios para frenar la transferencia de riqueza.
México tuvo una variación de precios del 6.5%
En cuanto a México, de las 20 corporaciones analizadas 7 no tienen presencia en México De las 13 corporaciones que sí tienen presencia en nuestro país, Danone, Nestlé y Cargill Inc., presentan una mayor presencia.
La investigación señala que México tuvo una variación de 6.5 % en los precios locales de los alimentos en el periodo del 14 de febrero del 2020 al 09 de julio del 2020.
“De acuerdo al CONEVAL en las zonas rurales, el cambio porcentual anual de la línea de pobreza extrema, tomando en cuenta la capacidad de adquirir la canasta alimentaria, tuvo un incrementó del 14.7% en 2022, respecto a septiembre de 2021, mientras que en las zonas urbanas el aumento que se presentó fue de 14.4% en el mismo periodo de tiempo.”
Greenpeace hizo un llamado a gobiernos y tomadores de decisiones que son ellos quienes deben crear y adoptar políticas públicas que garanticen la transparencia y una regulación más estricta en las operaciones del sector.
“Se debe realizar un cambio de raíz que transforme el sistema agroalimentario de uno industrializado hacia uno agroecológico que evite el uso de transgénicos y su paquete tecnológico. Para lograrlo, es necesario generar políticas públicas y asignación de presupuesto que apoyen la transición agroecológica en México, siempre, buscando garantizar la soberanía alimentaria.” Concluyó Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura de Greenpeace México.
