Minería submarina. Greenpeace expresa su preocupación
CIUDAD DE MÉXICO. Greenpeace México expresó su preocupación, a través de un comunicado, sobre la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que favorece a la empresa Odyssey Marine Exploration ante la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de otorgar permisos para minería submarina.
Greenpeace señaló que las decisiones tomadas por SEMARNAT de negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto “Don Diego” en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, contaba con sólidos principios de protección ambiental, como lo es el principio precautorio, y en cambio privilegia intereses de empresas particulares en detrimento de la protección de los ecosistemas marinos de México.
La resolución del CIADI ordena al gobierno de México pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration, en el marco de un proceso de arbitraje internacional iniciado todavía en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por la doble negativa de la SEMARNAT de autorizar la MIA para su proyecto de minería submarina.
“Las actividades de minería submarina provocarían contaminación acústica y lumínica, representando un grave riesgo para especies en peligro de extinción como las ballenas ya que el sonido de las máquinas mineras podría superponerse con la frecuencia que usan los cetáceos para comunicarse; además de remover directamente el hábitat de organismos del fondo marino”.
“Los organismos de las profundidades marinas son frágiles y de crecimiento muy lento y, por lo tanto, es mucho menos probable que se recuperen de las perturbaciones ocasionadas por esta industria”.
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Indemnización millonaria a Odyssey Marine Exploration
Por su parte, la empresa de exploración Odyssey Marine Exploration, Inc. dio a conocer que recibió una notificación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del laudo arbitral sobre las reclamaciones que involucran a Odyssey y su subsidiaria, Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO), contra México.
El laudo ordena a México pagar 37,1 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del TLCAN, más intereses a la tasa del bono del Tesoro de México a un año, compuestos anualmente, desde el 12 de octubre de 2018, hasta que el laudo se pague en su totalidad, más los honorarios de los árbitros. y costos administrativos del CIADI. Los montos adjudicados son netos de impuestos mexicanos y México no podrá gravar la adjudicación. Odyssey espera que la mayor parte o la totalidad de los ingresos del laudo se utilicen para satisfacer sus obligaciones de financiación del litigio.
“El fallo de hoy valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México, SEMARNAT, denegó injustamente nuestro permiso ambiental, que recibió amplios aportes de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable. El proyecto sigue siendo estratégicamente importante y comercialmente viable”, dijo Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de Odyssey Marine Exploration.
“Estamos preparados para seguir avanzando en nuestros proyectos a nivel mundial, al mismo tiempo que colaboramos con naciones interesadas en explorar sus recursos minerales submarinos para satisfacer la creciente demanda de minerales críticos. Nuestro enfoque sigue estando en minerales que ofrecen soluciones a desafíos globales apremiantes, como la mitigación de las emisiones de carbono. a través de la adopción de energía renovable y la mejora de la accesibilidad a los fertilizantes para apoyar a una población mundial en constante crecimiento”.
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