ONG´S piden Parlamento Abierto para discutir nueva Ley General de Biodiversidad
- CEMDA y Greenpeace México señalan la urgencia de abrir el debate legislativo sobre biodiversidad por su impacto ambiental y social
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México hicieron un llamado al Senado de la República para que la iniciativa de Ley General de Biodiversidad sea discutida mediante un Parlamento Abierto, al considerar que el nuevo marco legal tendrá implicaciones significativas en la conservación de especies, ecosistemas y el bienestar humano en México.
El pasado 12 de febrero de 2025 fue presentada en el Senado la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), la cual plantea abrogar la actual Ley General de Vida Silvestre. Según las organizaciones firmantes, la propuesta legislativa representa una oportunidad para enfrentar la pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas.
México es un país catalogado como megadiverso, ya que alberga entre el 10 y 12% de las especies del planeta, muchas de ellas endémicas. De ahí la importancia de contar con un marco legal robusto que garantice la continuidad de los procesos ecológicos, la viabilidad genética y la salud de los ecosistemas.
Entre 2001 y 2023, México perdió un promedio anual de 217 mil 103 hectáreas de ecosistemas forestales, de las cuales el 42% corresponden a selvas húmedas. Además, el país ha perdido el 62% de sus ecosistemas originales de humedales y, según la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, se ha registrado una pérdida del 15% de las dunas de manglares, lo que equivale a 150 mil hectáreas.
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En cuanto a especies, se ha documentado la pérdida de 127 especies de vertebrados y plantas con flores, siendo el 58% de ellas endémicas.
CEMDA expuso cinco recomendaciones puntuales que consideran esenciales para mejorar el contenido de la iniciativa:
- Garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante mecanismos claros de implementación, conservación y manejo adecuado de la biodiversidad. Se debe incluir la participación de pueblos y comunidades indígenas, así como su acceso a conocimientos tradicionales.
- Incorporar compromisos internacionales y abordar la relación entre biodiversidad y cambio climático, promoviendo la integración transversal de estos temas en políticas, leyes y presupuestos.
- Asegurar la responsabilidad del Estado en la conservación, manejo sustentable y restauración de los ecosistemas, con la participación de propietarios y legítimos poseedores de tierras.
- Establecer una gestión basada en resultados, que incluya una Estrategia Nacional de Biodiversidad con visión de largo plazo y el uso de indicadores dentro del Subsistema Nacional de Información.
- Proteger la vida silvestre y mantener la prohibición de minería en Áreas Naturales Protegidas (ANP), conforme al principio de no regresión de los derechos humanos. También se debe garantizar atención veterinaria especializada en centros de conservación y establecer parámetros claros en los Programas de Manejo de las ANP.
Las organizaciones firmantes destacaron que es indispensable abrir el proceso legislativo a la participación de diversos sectores: academia, sociedad civil organizada, y comunidades poseedoras de territorios con alta riqueza natural.
“El mejor marco legal posible debe construirse con base en la participación efectiva y con visión a largo plazo”, señalaron.
CEMDA y Greenpeace reiteraron su solicitud al Senado de la República para que la discusión de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad se realice a través de un ejercicio de Parlamento Abierto, permitiendo así que todos los sectores interesados puedan retroalimentar el proyecto antes de su eventual votación.
