Tren Maya viola los derechos a la naturaleza: Tribunal Internacional
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza señala que hubo violación a los Derechos de la naturaleza, a los derechos bioculturales del Pueblo Maya y condena a las autoridades mexicanas a suspender el mega proyecto Tren Maya y todos con todos sus componentes, asi como a la desmilitarización de los territorios indígenas.
El Tribunal visitó in situ a las comunidades mayas de Pisté, El Señor-Xmaben y Tihosuco, afectadas de manera directa por el proyecto, donde se escucharon los testimonios de integrantes de varias comunidades mayas afectadas.
Asimismo, junto con el colectivo “Sélvame del Tren”, integrado por organizaciones como SOS Cenotes y Cenotes Urbanos, entre otras, así como por científicos, académicos y ciudadanos en defensa del agua, las cuevas y la selva, el Tribunal realizó una visita a cenotes y cavernas situados en Playa del Carmen, que ya están siendo afectados por la construcción del Tren Maya.
Durante su visita llevó a cabo su octava audiencia local en la ciudad de Valladolid, Yucatán, del 9 al 12 de marzo de 2023, por la implementación del llamado “Tren Maya”. Se trata del Megaproyecto de transporte ferroviario en torno al cual se gesta un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, México, que pone en grave riesgo de destrucción y degradación ecológica a los ecosistemas, así como a los pueblos mayas, afectando la sustentabilidad de sus culturas y de sus territorios ancestrales.
Como se ha demostrado a través de las diversas pruebas recabadas por este Tribunal –entre las que resaltan varios testimonios recibidos en la audiencia efectuada en Valladolid—, este proyecto no es sólo un tren ni es propiamente Maya, sino que se trata de un Megaproyecto que se extiende hacia toda la frontera sur del país.
El llamado Tren Maya constituye uno de los proyectos infraestructurales que se suma y articula al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, al programa Sembrando Vida, al Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (antes llamado Plan Puebla Panamá). Todos estos proyectos han despertado oposición debido a sus impactos sociales y ambientales.
Durante la audiencia efectuada el sábado 11 de marzo se presentaron 23 testimonios de representantes de comunidades indígenas de Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo y de organizaciones ciudadanas y ambientalistas, y recibió los informes periciales de: académicos e investigadores en materia forestal y agrícola; sobre ecosistemas acuáticos y terrestres; biodiversidad y sustentabilidad ecológica; derechos culturales, colectivos, agrarios y de la Naturaleza ecología política e ingeniería ambiental;
Los testimonios aportaron evidencias contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación formulada por el Fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades.
A pesar de enviar las invitaciones con tiempo a las diferentes instancias gubernamentales relacionadas con el tema, las actas levantadas confirman que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia.
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“Las invitaciones se hicieron a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador –sede del Tribunal-, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo, invitando tanto al Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas”.
El veredicto enunciado señala lo siguiente:
Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las Declaraciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y la jurisprudencia emitida tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por el Sistema Universal de Derechos Humanos y por la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad y de las generaciones venideras resuelve lo siguiente:
I. Reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo, protector y guardián de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan los ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya.
II. Declarar la vulneración de derechos de la Madre Tierra, el derecho a la vida y a existir; su derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; derecho al agua como fuente de vida; el derecho a la salud integral; el derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos, todos ellos reconocidos en el artículo 2.1 literales a) b) c) e) g) y h) de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
III. Condenar a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. Exigimos al Estado, particularmente al Gobierno Central y al Ejecutivo, a que cese del despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza
IV. Declarar a los cenotes como sujeto de derechos por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región.
V. Como medidas de reparación integral se ordena:
a) Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no sólo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona.
b) Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios.
c) Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados.
d) Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este.
VI. Exhortaciones
Exhortar a las empresas e inversionistas del proyecto a respetar los derechos colectivos de los pueblos previstos en el Acuerdo de Escazú y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico tendientes a garantizar los derechos de los pueblos.
Exhortar al Ejecutivo y Legislativo federales a: Revisar la Ley Agraria que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan
Realizar reformas constitucionales para incorporar el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. Realizar las reformas constitucionales a nivel Federal para que se reconozca a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.
Al Poder Judicial de la Federación: Aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales de protección en materia ambiental y de derechos de los Pueblos Indígenas, en todos los juicios que se han presentado en contra del Megaproyecto Tren Maya por violaciones a los derechos de la naturaleza, agua, así como los derechos culturales.
